Sánchez presiona a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial para exhumar ya sin esperar al Supremo

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, ha rechazado una petición de Patrimonio Nacional para renovar la licencia urbanística de forma que se permita el acceso a las criptas del Valle de los Caídos, procediendo así a las exhumaciones. La respuesta de la regidora obedece al respeto al procedimiento judicial, pues el Tribunal Supremo debe pronunciarse aún sobre el recurso presentado al levantamiento de la medida cautelar que dejó en suspenso esta licencia.

El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, presiona al Consistorio para que permita el acceso a las criptas, aún sin respetar los tiempos judiciales. Según ha podido saber OKDIARIO, el organismo remitió al Ayuntamiento el pasado 5 de octubre una petición para que otorgase la licencia de obras. Desde el Ejecutivo alegan que un centenar de familias han solicitado la exhumación. Sin embargo, hay otras 258 que ya han manifestado su oposición a que se toquen los restos de sus allegados y a los que les asiste la Justicia en el caso de que el Gobierno los extraiga de las tumbas, los remueva, manipule o someta a pruebas de ADN.

El pasado 22 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó la medida cautelar que suspendía la licencia para las obras de acceso a las criptas, lo que autorizaría a proceder a estos trabajos. La decisión, no obstante, fue recurrida ante el Tribunal Supremo.

En septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid rechazó la solicitud de la Abogacía del Estado para proceder a las exhumaciones. En un informe jurídico, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle de los Caídos. Ese respeto a los tiempos judiciales le ha supuesto a la regidora una querella por un presunto delito de prevaricación.

Guerracivilismo

Sánchez quiere acometer cuanto antes su plan guerracivilista, de cara al ciclo electoral, y usar las exhumaciones como arma política. Por ello, a través de Patrimonio Nacional intenta acelerar estos trámites, sin respetar los procedimientos judiciales. Su intención de exhumar choca con la propia Justicia, que reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos, pero también de aquellos otros que no quieren hacerlo.

En concreto, como ha publicado OKDIARIO, un auto del juzgado de San Lorenzo de El Escorial, de 2016, establece los requisitos para poder exhumar un cuerpo. En ese auto, que reconoció el «derecho a la digna sepultura» de los hermanos Lapeña, se advierte de que «la situación específica del estado de los restos cadavéricos en el cementerio del Valle de los Caídos debe ser tenida en cuenta», ya que «las medidas que se adopten tendrán que valorar la posibilidad de acceso a la planta tercera, en caso de que sea posible, el traslado de restos garantizándose su integridad, respeto y memoria, la identificación de los columbarios afectados y la posibilidad de práctica de la prueba de ADN» y añade que «sólo se procederá a la entrega de restos cadavéricos una vez identificados».

Al mismo tiempo, se avisa de que «el derecho reconocido no es ilimitado, ya que la situación en la que parece encontrarse el cementerio del Valle de los Caídos, determina que las medidas que deben ser adoptadas sean proporcionales», de forma que «se permita realizar todas las acciones necesarias para la entrega de restos, adecuadas a la referida proporcionalidad». El auto señala que «en todo momento debe garantizarse la integridad de los restos cadavéricos» y también se advierte «el respeto a la memoria de los difuntos del propio cementerio» y «el respeto a la consideración debida a la Basílica donde se encuentran depositados».

A este punto, el referido a la «memoria de los difuntos» -es decir, de todos los enterrados en el Valle de los Caídos, se aferran precisamente las familias que se oponen a la exhumación de sus allegados. Señalan que, dado el estado de los osarios, será muy complicado conocer con exactitud, antes de la exhumación, si en el osario reposan los restos que se buscan y avisan de que en el proceso podrían extraerse restos mezclados que correspondan a otros enterrados.

La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos -que representa a estos familiares- ya ha confirmado a OKDIARIO que llegarán a «todas las instancias judiciales necesarias» para que se reconozca su derecho de proteger a los allí enterrados.

Cabe recordar, asimismo, que los restos se encuentran en un pésimo estado. Un informe forense encargado en 2011 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya reconoció que los huesos están esparcidos y mezclados, lo que hace que la inmensa mayoría de las identificaciones sean extremadamente complejas.

Los exámenes realizados determinaron que los osarios -que contienen más de 33.000 cadáveres- se encuentran muy deteriorados por derrumbamientos, filtraciones de agua y humedad, además de que los huesos se encuentran entremezclados unos con otros, en mal estado y, en muchos casos, sin posibilidad de separarlos.